R. M.

 

Que la crisis económica se está cebando con los más débiles ha quedado patente estas últimas semanas con la presentación de tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en diferentes Centros Especiales de Trabajo del Baix Llobregat. Una situación que puede verse empeorada a partir de este año por los recortes de la Generalitat y por la estrategia española de empleo para los años 2012-2014, que reduce el principio de discriminación positiva en un 33% respecto a la actual financiación para emplear a este colectivo.

El primero de los tres centros de la comarca que se encuentran actualmente en situación de ERE es la Fundación para la Integración Laboral (FIL) de Esparreguera, y cuyo ámbito de expansión ocupa buena parte del Baix Nord. El ERE afecta a doce trabajadores, todos ellos de estructura, incluyendo monitores no discapacitados pero que su labor de formación es indispensable para los trabajadores con discapacidad. El expediente pretende  extinguir de forma definitiva diez contratos, y actualmente está a la espera de resolución administrativa. Mientras, el segundo ERE lo ha presentado este mes la Fundación Rubricatus de El Prat, y afecta a la totalidad de los 117 trabajadores, incluyendo también a las personas trabajadores con discapacidad. Se trata de un expediente de reducción de entre el 10% y el 70% de la jornada por un periodo de doce meses. El último en llegar ha sido el de la Fundació Proa, de Esplugues, presentado el lunes a los empleados y que aún no ha llegado a la administración. En este caso, se quiere suspender de forma temporal durante un año los contratos de ocho trabajadores con discapacidad.

Entre las causas que alegan estos Centros Especiales de Trabajo para justificar los ERE figura “la bajada de las subvenciones del 75% al 50% para financiar los salarios de los trabajadores con discapacidad” y “el descenso sistemático de encargos por parte de privados y administraciones públicas”, explica Carlos de Pablo, secretario de Política Sindical de UGT Baix Llobregat.

No obstante, también apunta a “una incorrecta gestión por parte de las fundaciones”, a una “falta de proyección hacia la autogestión” y una escasa “formación y adaptabilidad de los trabajadores con discapacidad en diversidad funcional de tareas”. Para el mantenimiento de la actividad en estos centros, de Pablo aboga, entre otras medidas, por solicitar a la Generalitat que “mantenga la subvención del 75% del salario para los discapacitados, incrementar las faenas de ámbito público y privado o adecuar profesionalmente a la plantilla, mediante la formación y la polivalencia pertinente”.

 

 

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